El Vaticano informa avances en su trabajo de transparencia económica

VATICANO, 21 Jul. 22 (ACI Prensa).-
El Consejo de Economía se reunió el miércoles 20 de julio en el Vaticano con el objetivo de continuar trabajando por la transparencia del patrimonio del Vaticano.

Así lo ha confirmado la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de un comunicado difundido este jueves 21 de julio, donde se informó que la reunión tuvo lugar en la Casina Pío IV del Vaticano.

El comunicado señaló que “tras una breve reunión celebrada en mayo, en la que examinó la relación entre los gastos corrientes y el presupuesto aprobado y estudió la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, el Consejo de Economía volvió a reunirse ayer”.

“La reunión se dedicó al análisis del Estado Financiero para 2021, presentado junto con la situación económica general por la Secretaría de Economía, y a su aprobación, incorporando también el informe del Auditor General al respecto”, se indicó a continuación. 

Además, informaron que, más tarde, “su Mons. Nunzio Galantino, Presidente de la APSA, ofreció una presentación cuantitativa y cualitativa del patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, destacando sus peculiaridades y subrayando los esfuerzos para lograr una transparencia, eficacia y eficiencia cada vez mayores”.  

“Por último, el Consejo se centró en el informe del Dr. Jean-Baptiste de Franssu, Presidente del IOR, sobre el Informe Anual del Instituto”, concluyó el comunicado.

Cabe destacar que, en este esfuerzo por lograr la transparencia de las cuentas del Vaticano, el Papa Francisco aprobó el pasado 19 de julio una nueva política para las inversiones financieras, para que estén siempre alineadas con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Se trata de un nuevo reglamento unificado que será vigente a partir del próximo 1 de septiembre y que será regulado por el Comité para las Inversiones instituido por la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium.

La Secretaría para la Economía explicó en un comunicado oficial que la nueva política debe “garantizar que las inversiones estén orientadas a contribuir a un mundo más justo y sostenible; protejan el valor real del patrimonio de la Santa Sede, generando un rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades”.

En ese sentido, las inversiones deben estar “alineadas con las enseñanzas de la Iglesia Católica, con exclusiones específicas de inversiones financieras que contradigan sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común”.

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